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12-10-2017 | Gremiales | CONCEPCIóN

Denuncian trabas para no habilitar un frente electoral

La polémica se desató a raíz del accionar de la Junta Electoral de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Concepción del Uruguay

Según trascendió el organismo electoral del gremio le puso trabas irregulares a la participación del frente gremial Convergencia de Luchadores y esto motivará en las próximas horas una denuncia en la Justicia entrerriana por parte de los afectados.
El accionar de la Junta -conformada por integrantes del oficialismo del gremio provincial- comenzó desde el inicio con exigencias desmedidas en la presentación de los avales y la puesta de plazos que carecen de legalidad. Además, se han negado a entregar los duplicados de los trámites en un claro intento por esconder las irregularidades.
Un punto clave: el caso llegó a la Junta Electoral Provincial, pero los denunciantes aseguraron que forma parte de la misma, el marido de una de las denunciadas por ser parte de las irregularidades de la Junta Electoral Departamental.




En primera persona
"Han sido muy groseros", explicó uno de los docentes que milita en el frente Convergencia de Luchadores. El espacio que se conformó en la costa del Uruguay entre tres fuerzas (Conti Santoro, Tizas Negras y la agrupación Rojo y Negro) participará de las elecciones internas de Agmer en el departamento Colón, pero no así en el distrito de Concepción del Uruguay debido a un polémico accional de la Junta Electoral de dicho departamento.
"Los fundamentos de la resolución adoptada guardan un criterio restrictivo, formalista, que no resulta coherente con otras resoluciones de la Junta Electoral Provincial (JEP) adoptadas en el presente proceso, en los cuales se procuró posibilitar la participación de los afiliados, entendiendo tal criterio como democrático, el cual se hizo primar por sobre un criterio más riguroso y burocrático", denunció una nota presentada ante el organismo interno del gremio que se encarga de comandar el proceso electoral que se desarrollará el próximo 2 de noviembre en toda la provincia.


Irán a la Justicia
La impugnación -aún no oficializada pero si confirmada- fue el final de una cierre de irregularidades que denunciaron los afectados y que motivaron que hayan tomado la decisión de acudir a la Justicia provincial: "Ellos fueron tan desprolijos que antes de que se oficialice, nosotros ya sabemos lo que pasó. Estamos esperando que se nos notifique de la impugnación para ir a la Justicia", explicó uno de los docentes denunciantes.
Las irregularidades comenzaron con la mala voluntad por parte de la Junta Electoral a la hora de la presentación de avales. La cantidad (un tres por ciento del padrón) es ínfima y no suele presentar un escollo para las listas que pretenden participar de elecciones en un gremio. Salvo que haya mala voluntad por parte de quienes comandan el proceso electoral.


Plazos ilegales
Otro de los puntos de la denuncia señaló que la junta puso plazos "ilegales". Si bien el estatuto no regula cada detalle del proceso, por norma, todo vacío que deje una norma sectorial se regula por la ley nacional electoral. Los plazos mínimos establecidos para reparar errores administrativos siempre parten de las 24 horas. En este caso, la Junta Electoral de Agmer Concepción del Uruguay puso un plazo de una sola hora ante uno de los trámites.
Además, desde la Junta Electoral se negaron a entregar los duplicados que constatarían dichas irregularidades con claro interés de encubrir el accionar polémico de los dirigentes gremiales que la integran.
El caso llegó a la Junta Electoral Provincial de Agmer a raíz de los reclamos del frente, pero con una particularidad: la junta provincial tiene en sus filas a un dirigente que es pareja de una de las integrantes de la Junta Electoral Departamental que ha sido denunciada.
Tanto en la junta provincial como en la departamental, el comando de la misma está a cargo de militantes de la lista Integración, oficialismo provincial hegemonizado por la agrupación Celeste. Como se dijo antes, aún resta la notificación formal de la impugnación -que disfraza la proscripción- y luego los docentes afectados irán a la Justicia.


 

Fuente: SM / LaCalle
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