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15-12-2017 | Senado ER | LA PROVINCIA

Ley de asociación público y privada obtuvo ayer media sanción

Promueve generar sistemas de contratación ágiles del Estado con inversores privados. La norma tuvo cambios y volvió a Diputados.    

La Cámara de Senadores decidió ayer prorrogar las sesiones ordinarias del 138º período legislativo hasta el 14 de febrero de 2018, de acuerdo a la propuesta del senador René Bonatto. El autor pidió el tratamiento sobre tablas, lo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.


El legislador indicó: "Es un acuerdo entre los tres bloques del Senado por alguna necesidad expresa del Ejecutivo en relación a algunas leyes".


Asociación público-privada


Se trató luego, introduciendo modificaciones, el proyecto de ley que establece cambios en los contratos de participación público-privada, que son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público provincial de acuerdo con la Ley nacional N° 27.328.


El senador de San Salvador, Lucas Larrarte, recordó que hubo un encuentro con uno de los autores del proyecto, y se acordó un texto que contiene modificaciones que no alteran la estructura general de la ley, ni hay cambios sustanciales en el régimen que se intenta crear con la iniciativa.


"Se buscó reforzar los sistemas de control y depurar la técnica legislativa, eliminando una parte porque entendíamos que representaba un contrasentido cuando se habla de interés público u obras que apuntan a la sociedad en general".


Con el proyecto se intenta lograr mejoras en la intervención del Estado y lograr otro tipo de contratos, para aplicar el dinero de la administración "que a veces no cuenta con todo el dinero necesario y se busca allanar la posibilidad de incorporar capitales privados y beneficiar a la población".


Larrarte indicó que no es una herramienta nueva en el Derecho. "Existen hace muchas décadas en los países del primer mundo y llegó a Latinoamérica, con claroscuros en su aplicación", indicó.


El legislador oficialista detalló los cambios introducidos destinados a mejorar los sistemas de control del Estado, sumando con ello mecanismos de transparencia sin cambiar el objetivo pensado por los autores del proyecto.


Larrarte se explayó en un análisis artículo por artículo, mostrando las posibilidades de contratación pensadas y destacando los cambios originados en el Senado, complementando la iniciativa con la ley de Obras Públicas y la intervención del Estado en el control mediante la participación de los organismos de control constitucional.


Indicó a sus pares los cambios que intentan proteger la intervención del Estado aceptando el aporte privado y señaló que algunos puntos "son para proteger a los entrerrianos, propiciando en algunos casos la intervención de la Legislatura para permitir el uso de estas herramientas de asociación".


También brindó su opinión el senador Ángel Giano, quien explicó que se crea un sistema de contratación diferente a la ley de Contabilidad y a la de Obras Públicas. "En el mundo existe esto hace tiempo y cuando funciona mal el Estado es el mayor perjudicado, es decir, todos", enfatizó.


Se refirió a la garantía de los contratos con los tributos, y señaló que aparece el fideicomiso, que es una figura poco utilizada. Recordó que se debe "conjugar el objetivo del Estado, que es el bien común, con el del privado, que es ganar dinero (...) Habrá que preparar los órganos de control para que esto funcione correctamente", agregó, pensando "en la necesidad de contar con mejoras en el desarrollo provincial con la generación de empleos".


El presidente del bloque de Cambiemos, Roque Ferrari, sostuvo que es bueno "tener algún celo en relación a lo que ha ocurrido cuando las situaciones no han sido efectivamente exitosas. Es un desafío mejorar y esto es un aporte importante de la provincia para estar a la altura de los desafíos que vienen en la nueva Argentina".
Ferrari se refirió a la inclusión de controles cruzados para ver cuando se actúa correctamente o no y se esperanzó: "Que la ley nos permita a los entrerrianos mejorar la calidad de vida", y se mostró optimista "porque vendrán capitales de riesgo que aumentarán la mano de obra para los entrerrianos".


El proyecto


Los alcances de ley serán aplicables a todo el sector público provincial, ya se trate de la administración central, entes autárquicos y organismos descentralizados (excluyendo a las instituciones de seguridad social). También a las empresas y sociedades estatales, ya sean sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta u otras.


Igualmente abarca a los entes públicos excluidos expresamente de la administración provincial, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personería jurídica y patrimonio propio, donde el Estado provincial tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado provincial tenga el control de las decisiones. Y también a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado provincial.


Los contratos de participación público-privadas podrán ser celebrados con el único objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.


 

Fuente: UNO
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