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01-11-2018 | Paraná | INFORME

Casa de Gobierno y los recursos destinados a la refacción

Una serie de actos administrativos tendientes a la refacción de la Casa de Gobierno, dispuestos a raíz de la detección de fallas estructurales que se hicieron evidentes tras una tormenta sucedida en febrero de 2016.

Contrataciones directas, observaciones de Fiscalía de Estado y la cobertura administrativa para la realización de un museo son parte de la saga de trámites y decretos que determinaron un gasto superior a los 7,4 millones de pesos.


A poco de comenzar su gestión el gobernador Gustavo Bordet se encontró con un problema: las fallas estructurales de la Casa Gris. Y las dificultades se hicieron evidentes con una tormenta que se desató el 19 de febrero de 2016, que hizo colapsar el sistema cloacal y provocó inconvenientes en el subsuelo, afectando los cimientos del edificio, que es monumento histórico nacional.


Los problemas se registraron sobre el ala noroeste, conformada por la esquina de las calles Córdoba y México. La peor parte se la llevaron la biblioteca y el archivo de la Fiscalía de Estado, pero el incidente también afectó a la Contaduría General de la provincia y amenazó a los protocolos y documentos bajo custodia de la Escribanía Mayor de Gobierno.


Ante la gravedad del asunto, la gestión provincial decidió actuar con celeridad. Y en el marco del expediente administrativo indispensable para autorizar la obra se mencionó un par de informes que advertían sobre las falencias verificadas en la construcción.


Uno había sido encargado al Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); el otro fue elaborado por la Secretaría de Planeamiento de la provincia.


“En 2015 se hizo un estudio de la UNR que evaluó los problemas, sobre todo porque el personal de mantenimiento manifestaba preocupaciones. Se determinó que había inconvenientes en cloacas y que las napas freáticas y los cimientos estaban afectados. También rajaduras en varios sectores y un desplazamiento mínimo que marcó una alerta. Había que empezar a intervenir en los sectores más críticos”, indicó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto.


“Es así que comenzó la intervención, se desocuparon los lugares y se empezó a desagotar y drenar para controlar la situación y solucionar los problemas en cimientos. Se usaron bombas especiales y eso hizo que se pudieran comenzar a aplicar acciones y a usar técnicas especiales para sanear esto. En una reunión con el gobernador planteamos la necesidad de solucionar el problema del archivo de la Fiscalía de Estado y otros lugares y surgió la idea de hacer el museo de Casa de Gobierno”, acotó Benedetto.


“El gobernador planteó la urgencia de inaugurar el museo el 9 de julio, así que se aplicó el artículo 12 de la Ley de Obras Púbicas, que plantea un mecanismo de excepción”, indicó el funcionario para explicar por qué no se llamó a una licitación, sino que se realizó una convocatoria a oferentes. “Si eso seguía así podía colapsar un sector de la Casa de Gobierno”, sostuvo. 


La obra fue denominada “Reestructuración, reparación y puesta en valor -primera etapa subsuelo- Casa de Gobierno- Paraná” y se asignó un plazo de ejecución de 60 días corridos. 


Mientras se recuperaba esa parte del edificio también se decidió una ampliación de la obra, que en el expediente quedó plasmada como “Demolición y construcción de nuevo grupo sanitario subsuelo Casa de Gobierno”. Y ese trabajo complementario, con una denominación clara y precisa, terminó siendo la cobertura administrativa para la construcción del Museo de Casa de Gobierno.


La obra se solicitó y se ejecutó en 2016, pero el decreto 628 del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, por el que se reconoció el pago de los trabajos ejecutados, recién se firmó el 4 de abril de este año. Y tomó estado público el 22 de octubre pasado, cuando se publicó en el Boletín Oficial.


Para llevar adelante los trabajos se fijó un presupuesto oficial de 6.505.313,11 pesos. Ese importe surgió de la evaluación de materiales y mano de obra con valores correspondientes a febrero de 2016.


Motivado por la urgencia, el gobierno efectuó una contratación directa previa solicitud de cotización. Y para eso formuló invitaciones a tres empresas: Salvador Carubia, Gerardo De Leo y Cemyc SRL.


La única que presentó una oferta económica fue Salvador Carubia, que cotizó por 6.629.847,69 pesos, lo que representó un 1,9 por ciento más de lo previsto oficialmente.


Sin demasiado que resolver y tras la intervención de diferentes oficinas estatales se dispuso la adjudicación y la contratista puso manos a la obra bajo la supervisión de la Subsecretaría de Construcciones.


Sin embargo, la Fiscalía de Estado hizo una serie de advertencias. Consideró que por el presupuesto debió haberse convocado a una licitación pública y llamó la atención sobre la falta de intervención previa de la Contaduría General de la Provincia.


De todos modos, terminó convalidando que había quedado acreditada la urgencia y necesidad de los trabajos, que se había hecho la correspondiente previsión presupuestaria y que la obra fue encargada y aceptada de conformidad por la administración. 


Cuando se decidió la ampliación de la obra el presupuesto oficial fue fijado en 1.093.388,14 pesos, en base a valores correspondientes a marzo de 2016.


Otra vez se asignó un plazo de ejecución de 60 días corridos y fue así que, entre dos certificados de obra, una redeterminación provisoria y los nuevos trabajos, la firma Salvador Carubia terminó cobrando 7.424.091,98 pesos. 


El decreto 628 del Ministerio de Planeamiento incluyó una serie de anexos documentales que sirvieron para dar cuenta de los pasos registrados en el marco de la obra.


El 22 de abril de 2016 se firmó el contrato de locación de obra entre el ministro Benedetto y Carubia, quienes estamparon sus rúbricas ante el notario Alejandro Santana, titular de la Escribanía Mayor de Gobierno.


Tres días más tarde se labró un acta de replanteo. En ese caso, quienes firmaron el documento fueron Enrique Santa Cruz (inspector de obra de la Subsecretaría de Construcciones) y Sebastián Stechina (representante técnico de Salvador Carubia).


El 15 de junio de 2016 se labró un acta de recepción provisoria. Otra vez ante el escribano Santana estamparon sus firmas Santa Cruz y Stechina. Y cuatro días más tarde se firmó el acta de recepción de obra.


Sin embargo, la recepción definitiva de los trabajos se efectuó el 13 de septiembre de 2016, dos meses después de la inauguración del Museo de Casa de Gobierno. En esa oportunidad también volvieron a firmar Santa Cruz y Stechina.


Y debieron pasar otros dos años para que se pudiera conocer cuánto dinero destinó el Estado para la ejecución de esa obra.

Fuente: SM / Anàlisis Digital
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