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Sin Mordaza
25-11-2018 | Opinión | INVESTIGACIÓN

Hay que acabar con la situación que desprestigia a la Legislatura

La Cámara de Diputados de nuestra Legislatura provincial, la mayoría oficialista votó un proyecto de ley de presupuesto, para el ejercicio del año próximo, que contempla una autorización para gastar de $600 millones a lo largo de ese año es escandaloso.

Por más que viene a mostrar que los miembros de la Legislatura – diputados y senadores- han vivido dentro de una burbuja en la cual se mantienen en oleadas sucesivas, en apariencia incólumes e impávidos, desde prácticamente la restauración del orden constitucional, hace de esto 35 años. 


Ya que, a pesar de que desde ese inicio es mucho lo que se ha avanzado en el camino de la descomposición legal y ética de ese organismo bicameral, sus miembros parecen todavía no haberse dado cuenta -todo ello con las lógicas y ponderables excepciones- de la gravedad de una situación, que quiérase o no los salpica a todos, con el agravante del deterioro y con ello del subsiguiente desprestigio institucional que ello conlleva.


Situación que, de ser una demostración de una “responsabilidad transversal” –una palabra que adquirió prestigio en la década kirchnerista-queriendo con ello decir que las transgresiones legales y éticas atraviesan todas las bancadas y no saben de colores políticos, es algo que lo vuelve todavía más escandaloso.


Porque si bien descontamos de que no a todos los legisladores se les puede colocar el mismo sayo y que necesariamente se debe hablar de grandes, medianos y pequeños pecadores, junto a ciegos, sordos y mudos inocentes; de cualquier manera nos encontramos también en una de esas situaciones “en las que no se salva nadie”, porque tal como enseñaban los viejos catecismos en largo desuso, también se puede pecar por omisión.


Y haciendo jugar a su favor la presunción de inocencia, en ese pecado de omisión han incurrido hasta llegar al presente, desde hace al menos diez años, muchos de los presidentes de ambas cámaras –una explicación de lo que ahora comienza a destaparse “son cosas que se han hecho siempre”, es nada convincente, dado que no parece advertirse que, de ser así, con más razón ha llegado el momento de dejar de hacerlas- especialmente a los que actualmente ocupan ese cargo.


Algo de esto último se hace presente, cuando se escuchan versiones que adquieren a cada momento mayor firmeza, en el sentido que Sergio Urribarri, ex concejal, ex y actual legislador, ex intendente, ex ministro, ex gobernador y actual Presidente de la Cámara de Diputados tendrá que dar –ello expresado de una manera no solo benévola sino que respeta las buenas maneras, en tiempos que para referirse a esa circunstancia se vocea que “lo han echado”- “un paso al costado”. Pasando de ocupar un sitial en el estrado, a hacerlo desde una simple banca, lo que, al menos por ahora, le servirá de resguardo o para “blindarse”, como ahora se dice. Lo que ocurrirá con seguridad hasta el momento en que los cuerpos legislativos dejen de ser mal tenidos como “aguantaderos”.


El caso se repite con la situación del Vice Gobernador actual, el que como presidente del Senado por manda constitucional, no puede dejar de ser considerado afectado por la prisión preventiva efectiva del Secretario y del Contador del cuerpo que preside, dado lo cual debe dejar bien en claro, dando los pasos pertinentes, la ausencia de toda participación suya – inclusive el callado conocimiento- de las cosas turbias por las que son investigados dos figuras importantes de su entorno.


No se puede dejar pasar por alto en este relato de escándalos y explosivos dislates, el hecho que las dos Cámaras demoran la respuesta a los requerimientos de la Fiscalía que lleva a cabo una investigación que, de una forma u otra, involucra a ambos cuerpos.


Requerimiento que, bueno es remarcarlo, es la segunda vez que se lo hace en el caso de la Cámara de Diputados, ya que en la primera ocasión que se lo efectuó casi por unanimidad – se hizo con la sola oposición de la diputada Ayelén Acosta, como en su momento tuvimos la oportunidad de señalarlo- fue rechazado. Cuando por experiencia se sabe que el inocente investigado, y por ende acongojado, todo el tiempo es mucho, para que sus cartas sean mostradas.


A esta altura habrá algún lector trasnochado que a diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría ellos, se preguntará qué escándalo es el que hasta aquí nos referimos sin mencionarlo. Al que no solo pedimos disculpas si se siente molesto, por una adjetivación que quiere ser afectuosa, sino que le envidiamos su capacidad para mantenerse en lo que cabría admitir que es un saludable estado, en un momento en que todos en su entorno parecemos estar cubiertos de lodo hasta la cabeza.


Una pregunta que de cualquier manera no es superflua, por más que ella, en la ocasión no nos lleve a hablar de cuadernos Gloria y de emprendimientos hoteleros, entre otras cosas, sino de aludir al escándalo mayor, en el que nuestra Legislatura juega lo nada demasiado grande que le queda de su histórico prestigio.


Se trata de ese escándalo al que el periodista paranaense Tardelli –en el transcurso de un programa televisivo emitido por un canal abierto, en el que era entrevistado juntamente con el periodista de nuestro grupo y amigo Osvaldo Bodean- calificó a la causa de los contratos legislativos como “un escándalo de magnitud” ya que “revela la existencia de un sistema canallesco, dado que en el fondo lo que hay es una caja política que funciona como sostén de un sistema clientelar”. Para enseguida vaticinar que estamos frente a un verdadero escándalo que no sé qué repercusiones tendrá, atado a las resoluciones judiciales, si efectivamente no se corta la investigación en un nivel determinado. Es un escándalo que ni siquiera el sistema político puede atemperar”.


La cuestión está y esperemos que la investigación no se corte. Sino que, como se dice en criollo, hay que meter el cuchillo hasta que llegue al hueso. Porque no se trata tan solo de la ilusión de recuperar los dos mil millones de pesos (reajustados todos a los valores de hoy) de fondos estatales que según fuentes de la Fiscalía habrían sido “desviados” a través de contrataciones varias en los últimos diez años. Sino también de pensar que casi con seguridad, de escarbar se descubrirían otras fraudulentas triquiñuelas, de parecida o mayor entidad. Ya que cuando el apetito es grande existe la posibilidad de que se vuelva insaciable. De allí que lo que lo que importa es que se prosiga la investigación hasta una conclusión con consecuencias ejemplares.


Para lograr lo cual, a diferencia de lo propuesto por algún legislador de formar una comisión bicameral investigadora, que sería casi lo mismo que permitir que los sospechados se investiguen a sí mismos, lo que es necesario es que la Fiscalía a cargo de la investigación, sea afectada por resolución superior, a ocuparse exclusivamente de la causa de aquí en más; al mismo tiempo que se la dote de todos los recursos personales y materiales que les sean indispensables para cumplir de una manera rápida y efectiva de su misión.


De donde es de esperar que la Procuración General Judicial se haga presente con sus apoyaturas hasta en exceso, y que la opinión pública permanezca alerta, para hacer que pase de esa manera.


Una cosa más: el pueblo quiere saber de qué se trata y hasta aquí se ha hecho muy poco por parte del gobierno, los partidos políticos y la prensa para que así suceda.



Fuente: SM / El Entre Ríos
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